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2 de julio de 2011

Metges denuncia la suspensión de 40 operaciones en el Hospital Moisès Broggi por los recortes

Noticia publicada en http://www.redaccionmedica.es

Metges de Catalunya ha denunciado que el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi ha suspendido 40 intervenciones quirúrgicas programadas para este mes de junio por falta de anestesiólogos. Según Metges, la situación se agrava si se tiene en cuenta que este mismo mes se rescindido el contrato temporal a una docena de facultativos, cinco de los cuales eran de esta especialidad.

Además, desde el sindicato aseguran que los despidos de estos médicos se realizaron sin previo aviso y antes de finalizar su relación contractual. El hospital, gestionado por el Consorcio Sanitario Integral, tiene en la actualidad 33 anestesiñologos en plantilla, dos de los cuales están de baja por maternidad y uno por excedencia.

La delegada de Metges, Eulàlia Escolà, ha lamentado que la dirección del Moisés Broggi planifique “con las tijeras en la mano”, sin evaluar las consecuencias asistenciales de los recortes y teniendo, ahora, que ofrecer una “excusa” a los pacientes afectados por la cancelación de las intervenciones.

Escolà ha expresado su repulsa por este “recorte injustificado” de la plantilla médica “que ha traspasado la línea roja de la calidad asistencial” y advierte de que el hospital podría despedir en los próximos meses más facultativos, en este caso con contrato fijo.

29 de junio de 2011

La venta de hospitales públicos: pan para hoy y hambre para mañana


La noticia de que el gobierno del PSOE ha decidido traspasar la titularidad de los hospitales públicos de Catalunya al gobierno autonómico es una bomba contra el sistema público de Seguridad Social. Según informa la prensa, el traspaso de los centros sería la contrapartida a la abstención de CiU en la votación de la reforma de la negociación colectiva, de forma que el PSOE se habría comprometido a ceder la propiedad de los centros sanitarios, hasta el momento propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El objetivo del gobierno de CiU es hacerse con la propiedad de los hospitales para poder venderlos y hacer caja, recaudar entre 300 y 400 millones de euros y, a continuación, pagar un alquiler a sus nuevos dueños para seguir utilizándolos.

Hay que recordar que los grandes centros sanitarios del estado español fueron construidos con cotizaciones sociales. Si se abre la veda y se cede al gobierno de CiU la propiedad de los centros ubicados en Catalunya, el resto de políticos de todas las autonomías se sentirán en su derecho de hacer lo mismo y dilapidar el patrimonio de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social debe velar por lo que es patrimonio de todos los españoles e impedir su uso con fines de lucro.

Ante esta nueva agresión al sistema sanitario público, desde la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas interesadas en detener esta nueva agresión a nuestros derechos, para defender nuestro patrimonio y la sanidad pública.

Pedimos a las organizaciones interesadas que contacten con esta Coordinadora para estudiar posibles respuestas conjuntas.

Articulo publicado en casmadrid.org

28 de junio de 2011

El Govern debilita la atención primaria

Publicado por el periódico El Far (también en versión digital de El Far).


Mientras los usuarios de la sanidad pública del Baix Llobregat y L’Hospitalet se preparan para afrontar un futuro inmediato complicado en cuanto a la atención hospitalaria (con centenares de camas menos, quirófanos y demás servicios sin actividad y con listas de espera más largas), poco a poco va conociéndose la afectación que el tijeretazo previsto por el gobierno de Artur Mas tendrá también sobre la atención de proximidad.

Y, como se esperaba, son muy malas noticias. El recorte presupuestario afectará a todos los centros del Baix Llobregat y L’Hospitalet, cuya atención a los ciudadanos se verá deteriorada por diversos factores. El primero, la falta de personal. “No habrá coberturas; ni para bajas, ni para vacaciones, ni por ningún otro motivo”, asegura el representante del sindicato Metges de Catalunya en la comarca, Francesc Ridao. “Por el momento, la no renovación de contratos ya ha dejado sin empleo a 20 profesionales en la comarca, y la cosa será peor durante el verano”. Como mucho, si hay necesidad imperiosa de contar con un médico, “se le hace un contrato de 25 horas en lugar de las 36 habituales, con lo que nos están conviertiendo en mileuristas”, lamenta.

Este cierre de agendas generalizado que habrá durante los meses estivales por la falta de personal comportará no solo mayores esperas para ser atendido sino que, en el peor de los casos, significará el cierre de los centros. Según Ridao, esta práctica será habitual en los servicios de urgencias. “En Vallirana, Corbera o Molins de Rei, el CAP cerrará a las 20.30 horas y no a las 00 horas, como hasta ahora. Y entre la media no­che y las ocho de la mañana, deberán desplazarse aún más lejos de lo habitual, al hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, ya que su centro de referencia por las noches, el CAP El Pla de Sant Feliu, también deja de prestar servicio nocturno”.

No obstante, el Moisès Broggi también verá deteriorada su atención de urgencias ya que, explica, se prescindirá de los dos médicos y dos enfermeras del ICS que se ocupaban de aquellas urgencias de nivel que no requerían hospitalización. Este “desmantelamiento” de las urgencias nocturnas, explica Ridao, se dará también en ciudades como Gavà, Martorell o L’Hospitalet (donde se prevé el cierre por la noche del CAP de La Florida), cuyos usuarios deberán acudir a los centros más cercanos, que pueden estar en otras poblaciones. En este sentido, los Centros de Urgencias en Atención Primaria (CUAP) de la comarca en Sant Andreu o Cornellà no sufrirán variación de su actividad, según Ridao, al igual que el centro médico Pura Fernández de L’Hospitalet, que estará abierto 24 horas.

Aún así, diversas asociaciones de usuarios de la sanidad pública ya han denunciado que esta situación provocará graves problemas a las personas mayores o con movilidad reducida, que deberán desplazarse por la noche a mayor distancia para recibir asistencia, y sin transportes públicos nocturnos que se adecuen a esta necesidad.

Cierres estivales y definitivos

A los inconvenientes que sufrirán los pacientes al ver ampliado el tiempo de desplazamiento hasta su centro de urgencias nocturno, se debe sumar el de los vecinos de varios municipios que perderán su centro médico durante todo el día. Será, en principio, únicamente durante el verano, pero los usuarios de ambulatorios como el de Torrent de Llops, en Martorell, Sant Climent, El Papiol y uno de los de Viladecans, por ejemplo, deberán desplazarse a otro centro para sus visitas médicas. Mientras, la amenaza de cierre definitivo planea sobre varios consultorios, como los de Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló; Gavà Mar, y Fontsanta-Fatjó y Almeda, ambos en Cornellà.

Movilización ciudadana

En el caso del centro de Colònia Güell, los ciudadanos están en pie de guerra y han lanzado una ofensiva para evitar el cierre del dispensario, que obligaría a los vecinos, gente anciana en su mayoría, a desplazarse hasta Sant Boi. Fuentes cercanas a este movimiento vecinal alegan que “el ahorro que supondría cerrar este centro médico sería mínimo, ya que los gastos del local y los servicios básicos los cubre el Ayuntamiento, y la doctora ya está en nómina en Sant Boi, por lo que el único gasto es el desplazamiento”. Por el momento, y a pesar de las reuniones frecuentes y recogidas de firmas, el cierre definitivo del dispensario podría ser una realidad en breve.

Situación similar están viviendo los vecinos de los barrios Almeda y Fontsanta-Fatjó de Cornellà, que ya han anunciado que no darán un solo paso atrás en su reivindicación. Sin ir más lejos, el martes se manifestaron, junto con el resto de asociaciones de vecinos de la ciudad, en una marcha contra los recortes que convocó a más de 1.000 vecinos. Juan Ruiz, miembro de la Asociación de Vecinos de Almeda y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cornellà (FAVCO) ha manifestado que “hay un compromiso entre Ayuntamiento y Generalitat de mantener los dos consultorios, al menos, hasta 2012, pero más allá es una incógnita”.

Al igual que ocurre en Colònia Güell, el Ayuntamiento corre con todos los gastos del local ya que, años atrás, estableció como prioridad acercar la atención sanitaria a los barrios, descentralizando la labor del CAP Martí i Julià. Tal y como ocurre en el resto de casos, esta decisión, junto con la de trasladar los especialistas del CAE Bellatera al hospital Moisès Broggi, según Ruiz, no hará más que “masificar los hospitales y ambulatorios, deteriorando la atención y aumentando las esperas para ser atendido”.

Estas muestras de indignación vecinal han tenido recientemente un nuevo capítulo en Viladecans, donde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad han decidido denunciar al conseller de Salud, Boi Ruiz, ante el Síndic de Greuges, al no haber recibido respuesta a las dos cartas remitidas por la entidad. “Estamos cada día peor, no puede ser lo que está pasando aquí”, lamenta la presidenta de la federación, Carmen Rodríguez.

Articulo de Rubén Marín para El Far.

La atención primaria, secundaria para el Govern

Publicado por el periódico El Far (también en versión digital de El Far).

Desde que el Govern presidido por Artur Mas comenzara a anunciar, poco días después de llegar a la Generalitat, su política de recortes en ámbitos tan prioritarios como la sanidad, se han ido sucediendo semana tras semana las manifestaciones y las concentraciones a las puertas de los grandes hospitales, como el de Bellvitge o el de Viladecans, con la esperanza de que el ejecutivo catalán diera marcha atrás a un tijeretazo sanitario sin precedentes.

No fue así y las medidas drásticas del nuevo plan de salud no se han hecho esperar: cierre de unidades enteras de hospitalización y de quirófanos, esperas más elevadas para las intervenciones no urgentes y pruebas diagnósticas, o la no contratación de personal para cubrir bajas, jubilaciones o vacaciones.

Los medios de comunicación nos hemos hecho eco durante los últimos meses de la difícil situación que tienen que afrontar los centros hospitalarios. Pero también deberíamos empezar a mostrar la que se está viviendo en los centros de atención primaria, donde ya están en pie de guerra al considerar que se está llevando a cabo una intolerable agresión al sistema de atención sanitaria más próximo al paciente.

La decisión de Salud de cerrar cerca de la mitad de los servicios de urgencias situados en los ambulatorios o de desmantelar algunos consultorios médicos (el de Almeda y Fontsanta, en Cornellà; y el de la Colònia Güell, en Santa Coloma, entre otros) ha sacado a la calle esta semana a profesionales y usuarios que exigen al Govern de CiU que la atención primaria no pase a un segundo plano y que continúe primando la proximidad y la calidad del servicio a los pacientes por encima de cualquier criterio económico o ideológico.

El ‘tijeretazo’ en Sanidad pasa factura a la atención ambulatoria

Publicado por el periódico El Far (también en versión digital de El Far).

La atención primaria también ha comenzado a resentirse duramente de los drásticos recortes presupuestarios del Govern de CiU. El cierre de los servicios de urgencias de muchos ambulatorios y el más que probable desmantelamiento de algunos consultorios ha sacado a la calle esta semana a miles de ciudadanos como señal de protesta (en la foto, manifestación en Cornellà, el martes).


Foto (c)El Far.

Les associacions de veïns de Cornellà alerten del possible tancament de dos consultoris

Publicat a europapress.cat

La Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat (Favco) ha iniciat una campanya de mobilitzacions per reclamar el manteniment dels consultoris mèdics dels barris d'Almeda i Fontsanta que, segons l'entitat, perillen per les retallades que aplica la Generalitat a l'àmbit sanitari.

Segons la Favco, l'Ajuntament de Cornellà i el govern català van subscriure un pacte que garanteix la continuïtat dels dos consultoris fins a gener de 2012, però més enllà d'aquesta data no hi ha garanties que segueixin oberts.

L'entitat, que aquest dimarts a la nit va reunir un miler de persones davant de l'Ajuntament per reclamar el manteniment dels dos equipaments, prepara noves mobilitzacions en defensa dels serveis públics i acusa a la Generalitat de pretendre "desmantellar" el sistema sanitari.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 Jun. (EUROPA PRESS)

26 de junio de 2011

El copago sanitario...

Artículo de Vicenç Navarro publicado en Publico.es

Existe una percepción generalizada en algunos sectores políticos del país de que la población está abusando del sistema sanitario. Se cita el hecho real de que el número promedio de visitas por habitante en España es el más alto de la Unión Europea de los 15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo al nuestro) como indicador de tal abuso.

Cada habitante visita al médico, como promedio, nueve veces al año, cuando el promedio de la UE-15 está alrededor de cinco veces. De ahí deriva aquella percepción sobre la cual se basan una serie de propuestas encaminadas a corregir este supuesto abuso. Y, puesto que una de las causas de este abuso se asume que es la gratuidad de los servicios, se está proponiendo un copago (la cantidad más frecuentemente utilizada es de un euro por visita) para desincentivar tal abuso. Según tal teoría, si la gente tiene que pagar un euro por visita, se lo pensará dos veces antes de ir al médico, reduciendo las visitas a las estrictamente necesarias.

El problema con estas propuestas es que están basadas en una percepción errónea, resultado de haber calculado mal el número de visitas promedio por habitante. Cuando analizamos la naturaleza de tales visitas, vemos que no menos del 25% de estas visitas responden a necesidades de tipo administrativo (tales como necesitar la firma del médico para trámites médicos), que en otros países no se contabilizan como visitas médicas, puesto que es el personal administrativo el que se encarga de tal menester. A ellas se suma otro porcentaje que llega a representar un 20% más de visitas que, de nuevo, en otros países no se contabilizan como visitas médicas, pues las hacen las enfermeras (que en nuestro país están enormemente subutilizadas) pero que, aquí, en nuestro país, se contabilizan al realizarlas los médicos. Cuando se descuentan visitas de tipo administrativo y las que podrían atenderse por parte de otros profesionales, resulta que el número de visitas realizadas estrictamente por razones médicas, que deben ser atendidas por médicos, es un número incluso menor que en el promedio de la UE-15.

El problema no es el abuso de los servicios sanitarios por parte de la población, sino el diseño de la atención primaria sanitaria, que sobrecarga al médico con responsabilidades que en otros países realizan otro tipo de profesionales, como los de enfermería o personal administrativo. En este aspecto, el Plan de Reforma de la Atención Primaria, de reciente aprobación por la Generalitat de Catalunya, es un buen paso en esta dirección. Tal programa da más responsabilidades a las enfermeras y utiliza mejor a los médicos, dándoles, además, más autonomía.

En cuanto al supuesto impacto disuasorio, no creo que un euro por visita disuada a la mayoría de la población que utiliza los servicios sanitarios. Sí, en cambio, puede disuadir a los individuos de baja renta, los cuales son un número considerable. No hay que olvidar que 10,8 millones de trabajadores en España son mileuristas; es decir, 6 de cada 10 trabajadores cobran mil euros al mes o menos (algo superior al salario mínimo interprofesional, 633 euros al mes). Es precisamente en este colectivo donde no se debe desincentivar la utilización de servicios, pues se tiene gran evidencia de que este colectivo es el que precisamente tiene mayor número de enfermedades y las que tiene son más graves. De ahí que, si se decidiera establecer un euro por visita, debiera ponerse un límite (en cuanto al número de euros al año), pues en caso contrario se desincentivaría el consumo entre los grupos más necesitados.

En realidad, lo que está ocurriendo es que se pide al usuario que cubra los grandes déficits de fondos al Estado, resultado de la escasa carga impositiva de las rentas superiores (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el salario promedio de los directivos de las empresas que cotizan en Bolsa es de 56.250 euros al mes) y del enorme fraude fiscal entre tales rentas, las cuales tienen una carga fiscal sensiblemente inferior al promedio de la UE-15. Como la mayoría de la ciudadanía es consciente de que los ricos en España no contribuyen lo que deberían, es comprensible que la ciudadanía se oponga al copago.

Habiendo dicho todo lo anterior, la realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada (el gasto público sanitario por habitante es de los más bajos de la UE-15). Y quedan todavía áreas de servicio por cubrir, tales como odontología, es decir, servicios de dentista. En España se puede ver la clase social de los niños mirándoles su sonrisa. Un niño de clase trabajadora no cualificada tiene siete veces más caries que un niño de familia burguesa. La boca y dentadura de la población es un indicador de su clase social. De ahí la urgencia de que tales servicios se ofrezcan, rompiendo con los corporativismos profesionales que se oponen a ello. Esto quiere decir que la sanidad pública debiera ofrecer tales servicios (y otros, como podología, atención a personas con problemas en los pies) con precios definidos por el sector público, limitando la cantidad a pagar al año a una cifra accesible a la mayoría de la ciudadanía y excusando el pago a aquellas personas que no pudieran pagarlo. Aquí el objetivo de la tasa no es desincentivar (no existe razón para desincentivar estos servicios necesarios), sino recoger fondos que complementen los fondos públicos. El argumento de que sería mejor aumentar los impuestos para cubrir tales servicios me parece convincente y lo comparto. Pero mientras ello no ocurra, algo tiene que hacerse, pues lo óptimo no puede ser el enemigo de lo necesario.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Ilustración de Mikel Jaso.